El
Perú cuenta con 69 millones de hectáreas de bosques naturales, siendo
el cuarto país más grande poseedor de bosques tropicales. Cerca del 60%
del territorio peruano está cubierto de bosques; el 94% ubicados en la
selva. En ese paraíso terrenal moran alrededor de 2.500 especies
forestales; al menos 100 árboles con diámetro por encima de 30 cm en
cada hectárea.
A pesar de poseer esa tremenda riqueza, la producción forestal del
Perú no significa más del 1% del PBI global; muy por debajo de Bolivia
(2,7%), Chile (2,6%) y Ecuador (2,3%); países con mucho menor extensión
de bosques que Perú.
El Estado ha concesionado a privados alrededor de 17 millones de
hectáreas, que representan la cuarta parte del total de bosques
naturales, y que son considerados como bosques de producción permanente.
Sin embargo, de ese total de hectáreas concesionadas, apenas alrededor
de 4 millones de hectáreas están en manos de concesiones operativas.
Otros 13 millones de hectáreas están bajo dominio de comunidades
nativas que ponen a merced de privados la tala de árboles a cambio de un
peaje. Sumando la superficie boscosa concesionada y la manejada por
comunidades nativas, se llega a 30 millones de hectáreas que vienen
siendo, supuestamente, la fuente de la mayor parte de la producción
maderera del país.
Sin embargo, casi toda esa producción resulta de la tala ilegal de
árboles, sin siembra de nuevos árboles, provenientes de áreas
protegidas, territorios indígenas, tierras estatales y hasta de
propiedad privada. Para justificar la tala ilegal, los concesionarios
presentan listados de árboles a extraer que son inexistentes, y las
autoridades dan visto bueno a su extracción emitiendo los permisos
correspondientes.
Según cifras oficiales, cada año el Perú pierde 150 mil hectáreas de
bosques naturales, debido a la tala ilegal, el cultivo de la palma
aceitera, la expansión de la frontera agrícola para ganadería y el
cultivo de coca para el narcotráfico. Sin embargo, la degradación de
zonas protegidas se ha convertido en un problema mayúsculo, puesto que
mucho de los concesionarios se han convertido en agentes promotores de
la tala de árboles de diámetro mayor a 30 cm, sin cumplir con sembrar
nuevos árboles.
En buen romance, el negocio maderero en Perú forma parte del accionar
de redes criminales dedicadas a la tala de árboles sin siembra de
nuevos árboles. Nada de esto sucede sin pagos de cupos bajo la mesa a
funcionarios y autoridades, asesinatos de nativos que denuncian estos
hechos, y el amedrentamiento a inversores forestales que vienen
apostando por un modelo de desarrollo de plantaciones agroforestales
sostenibles, sustentadas en métodos de germinación orgánicos.
[1]
El SERFOR —organismo supuestamente dedicado a promover la gestión
sostenible y participativa de los recursos forestales— es directo
responsable de todo esto. La actual ministra del ambiente, Fabiola
Muñoz, debe tener mucho que decir al respecto, dado que fue directora
ejecutiva de dicho organismo antes de que el actual gobierno la pusiera
el fajín de ministra.
[2]
Para detener la tala ilegal y propiciar una senda de reforestación
sostenible, se requiere hacer una urgente reforma del SERFOR, Agrorural,
INIA, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y el Ministerio del
Ambiente, y tener voluntad política para impulsar la transparencia y la
trazabilidad del sector.
Al iniciar su gobierno, PPK anunció una meta de reforestación de 3,2
millones de hectáreas de tierras degradadas al año 2020. Meta ilusoria
que es imposible de alcanzarse en ese plazo, aun si se emprendiera la
reforma institucional que sugiero.
Ante todo, la primera meta debería ser reducir la tala ilegal a cero.
En simultáneo, trazarse una meta razonable de alcanzar las 500 mil
hectáreas reforestadas al 2020, bajo un modelo de agro-forestación
productiva orgánica sostenible. Esa meta podría lograrse introduciendo
el cultivo orgánico de maderas finas como caoba, cedro, palisandro,
roble, palo rosa y otras de alta cotización, con una inversión de 500
millones de dólares en plantones y asistencia técnica, pudiendo
obtenerse un valor exportable del orden de 35 mil millones de dólares.
Con la ventaja de que esa inversión sería mayormente privada, debiendo
el Estado meramente garantizar la seguridad, el acceso a terrenos
degradados y deforestados y la transparencia institucional.
[3]
http://alertaeconomica.com/el-reto-de-la-reforestacion-sostenible/
[1]
Hace pocas semanas, se supo invasiones de terrenos privados en el
trayecto de Iquitos-Nauta, propiciadas supuestamente por el propio
gobernador de Loreto.
[2]
La EIA encontró en 2015 madera verificada como ilegal que fue exportada
a 18 países desde los puertos del Callao e Iquitos, mientras que el
Banco Mundial estima que entre 80% y 90% de la madera que exporta Perú
es ilegal. La Agencia de Investigación Ambiental (EIA), con sede en
EEUU, emitió un informe (“El momento de la verdad: Oportunidad o amenaza
para la Amazonia peruana en la lucha contra el comercio de la madera
ilegal”) en el que señala que “las autoridades forestales peruanas están
debilitando las herramientas e inspecciones necesarias para prevenir el
comercio de madera ilegal, ante una abrumadora evidencia de que las
exportaciones del Perú a EEUU, China, México y otros 15 países
incluyeron altos porcentajes de madera ilegal o de alto riesgo”. Fuente:
ALAI: https://www.alainet.org/es/articulo/190987
[3]
Maximixe Reforest viene impulsando el desarrollo dicho modelo de
agro-forestación productiva orgánica sostenible en una plantación piloto
de 210 hectáreas sembradas de caoba, cedro, palo rosa, caucho, roble y
palisandro, con la asistencia técnica de Lorente Reforest.
