ANDINA/Juan Carlos Chávez
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Pulgar
Vidal aseguró que esta medida solo puede causar preocupación a quienes
saben que pueden estar cometiendo acción y omisión en temas ambientales,
“porque un inversionista responsable sabe que es correcto tener un buen
tope de multas”.
“La norma establece un
correcto balance porque permite que la supervisión no sea solo para
sancionar sino para poder darle al inversionista o al operador una
oportunidad para subsanar sus omisiones, antes de estar sujeto a una
multa”, refirió.
Explicó que la ley que
fortalece la fiscalización ambiental aprobada este jueves, eleva de 10
mil a 30 mil Unidades Impositivas Tributarias (UIT) el tope de multas,
sanción que se impondrá en condiciones de excepción.
Para
ello, aseguró, se deben cumplir seis condiciones específicas como el
nivel de afectación ambiental, el ocultamiento o dificultad para
detectar el nivel de la afectación, la magnitud, la reincidencia, entre
otros.
Recordó que el reglamento para el
establecimiento de criterios y metodologías para la graduación de multas
aprobada por el Organismo de Fiscalización Ambiental (OEFA), evitará
que se cometan arbitrariedades al momento de establecer las sanciones.
Multa se judicializan
Otro
de los aspectos que destacó de la norma es que establece mecanismos
para evitar que se judicialicen las multas, al establecer el pago de una
garantía si el infractor decide acudir al Poder Judicial al considerar
que su sanción es incorrecta.
A la fecha, dijo,
el 80 por ciento de multas impuestas se llevan al Poder Judicial,
accionar que consideró como equivocado porque si la autoridad
administrativa actúa razonablemente y pone una multa, ésta debe ser
pagada.
La norma, dijo además, permitirá que la
OEFA supervise las actividades de los operadores informales y los
sanciones si incumplen sus obligaciones ambientales.
“Es
buen proyecto de ley, es iniciativa del Ejecutivo y un compromiso del
presidente por tener inversiones sostenibles en el país” puntualizó.
Aclaro
que la ley no modifica el tope de multas para los pequeños operadores
en minería, la misma que se mantienen en 40 UIT, monto que considero
como una “multa razonable”.
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