Por Julián Palacín Gutiérrez – Abogado, Ex Presidente de INDECOPI.
Introducción: En el año 2024, cuatro familias que figuran entre las más ricas del Perú concentran el 77% de las concesiones mineras de la provincia de Pataz, La Libertad. Estas concesiones no sólo les han permitido amasar fortunas de más de 3,000 millones de dólares en conjunto, sino que están en el centro de un modelo de explotación que ha derivado en una crisis social, ambiental y de seguridad sin precedentes.
La minería aurífera en Pataz, lejos de representar una oportunidad de desarrollo, ha degenerado en violencia, bandas armadas, informalidad y muerte.
1. Concentración de la riqueza y del oro peruano en pocas manos Según el cuadro de las familias más ricas del Perú en 2024, elaborado por analistas económicos y reproducido en redes sociales, las familias Picasso Arias, Marsano, Navarro Grau y Arias, propietarios de Minera La Poderosa, MARSA y Consorcio Minero Horizonte, concentran más de 104,000 hectáreas concesionadas en Pataz.
Minera La Poderosa (familias Picasso Arias y Arias) posee 55 concesiones en Pataz, con más de 38,000 hectáreas, y se ubica como la segunda productora de oro del país.
Minera Retamas – MARSA (familia Marsano) controla 45 concesiones que suman 32,000 hectáreas.
Consorcio Minero Horizonte (familia Navarro Grau) administra 50 concesiones, con 34,000 hectáreas.
2. ¿Responsabilidad civil por zonas sin ley? El modelo de explotación que han implementado estas empresas ha generado un ecosistema donde operan mineros ilegales, informales y bandas armadas que cobran cupos, extorsionan, asesinan y contaminan. Las empresas, en vez de ejercer un control efectivo, permiten el uso de sus concesiones a terceros, a cambio de pagos o regalías encubiertas. Esto las convierte, jurídicamente, en responsables civiles indirectas por omisión dolosa o culposa, al no ejercer el debido control sobre su territorio concesionado.
3. Inseguridad en ascenso: la sangre que mancha el oro Los últimos meses han sido testigos de asesinatos, desapariciones y ataques armados en campamentos de mineros artesanales, en muchos casos dentro de concesiones formales. Esta violencia ha sido denunciada por comunidades locales, sindicatos y defensores ambientales. La inacción del Estado, y la permisividad de estas empresas, ha convertido a Pataz en un polvorín social.
4. El rol del Estado y la debilidad institucional y nula coordinación y cruce de información Ministerio Público, OEFA, SUNAT y la PNP, Mnisterios de Defensa e Interior, Gobiernos Regionales, Municiplaes y la falta de presencia de las fuerzas armadas puestos Milites, policiales en zonas mineras, para combatir prevenir a la criminalidad han demostrado una capacidad limitada para fiscalizar estas zonas. No hay precencia del Estado al igual que en las fronteras. La permisividad con la que estas empresas operan, en colusión con ciertos funcionarios, genera serias dudas sobre el rol del Estado. ¿Puede una empresa con 38,000 hectáreas concesionadas en zonas críticas deslindar responsabilidad por la minería ilegal y violencia sistemática en su interior?
5. Marco jurídico aplicable y exigencias La Constitución del Perú (art. 66°) establece que los recursos naturales son patrimonio de la Nación, y su aprovechamiento debe realizarse con responsabilidad social. Además, el Código Civil consagra la función social de la propiedad. En ese sentido:
Se debe exigir auditorías externas e independientes sobre el uso de concesiones.
El Ministerio Público y la Procuraduría deberían investigar a estas empresas por posible omisión dolosa, lavado de activos y colusión.
Indecopi y el Congreso deberían investigar posibles barreras estructurales y concentración abusiva del mercado aurífero.
Conclusión y llamado a la acción: Pataz es hoy una zona de guerra no declarada, donde el oro fluye y la sangre también. No se puede tolerar que mientras cuatro familias acumulan miles de millones de dólares, cientos de peruanos vivan bajo el terror y la informalidad. Esta realidad exige una reforma profunda del modelo de concesiones mineras, una acción firme del Estado y la responsabilización civil y penal de quienes, directa o indirectamente, permiten que el crimen se apodere del territorio nacional.
Para finalizar quiero expresar "Mi más profunda solidaridad con las madres, padres y familias de Pataz que han perdido a sus hijos en manos de bandas criminales que operan con impunidad al amparo de intereses económicos descomunales. Ninguna riqueza justifica el sufrimiento de un pueblo. No puede haber paz sin justicia, ni desarrollo sin dignidad humana. Exijo, como peruano y como abogado, que el Estado intervenga con firmeza, que las concesionarias asuman su responsabilidad, y que nunca más el oro valga más que una vida."
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