Pero lo más grave comienza a salir a luz recién ahora. El Título 3 de la Ley del Paquetazo es una bomba de tiempo. Contiene una trampa que hace posible expropiar cualquier territorio de las comunidades y ser entregados a privados a través de facultades especiales dadas a Cofopri para declarar de “interés nacional” o “proyecto de gran envergadura” cualquier terreno en el país, delimitarlo supuestamente para su saneamiento y hasta inscribirlo como propiedad de la empresa en Registros Públicos. Con ello, la empresa se liberaría de consultar con comunidades para sus actividades extractivas y el Estado podría quitar cualquier territorio a cualquier peruano a sola calificación de Cofopri.
Mientras, la selva empieza a moverse. El Pacto de Unidad de las Organizaciones Indígenas se ha pronunciado (http://goo.gl/lghj1J): “La Ley 30230 abriría una etapa de inseguridad y mayor caos sobre las propiedades rurales en el país”.
No hay que perder de vista, además, que si para Lima la noticia de cuatro líderes asháninkas –asesinados por traficantes y blanqueadores de madera– es ya noticia pasada, para las comunidades indígenas –como es lógico– sigue siendo de gran impacto. Acentúa la percepción de desatención del gobierno a su problemática. No solo porque Edwin Chota era un denodado activista en su comunidad sino porque su lucha es la de la mayoría de comunidades: por la titulación de sus tierras. Un problema latente y generalizado en el que el Estado carga con toda la responsabilidad por su ineficiencia e incumplimiento.
Más de 500 comunidades exigen y esperan hace años la titulación de sus tierras, que parece avanzar más lento que las concesiones extractivistas. Concesiones cuyas áreas suelen incluso superponerse a los territorios ancestrales. Tal como sucedió en el caso de Edwin Chota y como explica ahora Washington Bolívar, líder cacataibo que ha llegado a Lima para denunciar que como Edwin, él también ha sido amenazado de muerte por los taladores ilegales a quienes ha denunciado. “¿Por qué nos amenazan de muerte? Porque nuestros territorios no están titulados.
Mientras que nosotros, Pueblos Indígenas, no tengamos un documento que diga esto es tuyo, de eso se valen los ilegales. Y no solo ellos, las mismas empresas hacen la tala ilegal. Y por eso han matado a nuestros cuatro hermanos que vinieron a denunciar a Lima”. Washington también señala que en la mafia hay funcionarios de Estado implicados. Coincidentemente, la denuncia que hizo contra ellos fue archivada. Lo mismo pasó con dos denuncias fiscales que logró Edwin Chota y en las que consignaba a funcionarios corruptos con nombres y apellidos. Archivadas. Hay incluso nativos que se coluden con los blanqueadores de madera y que ahora pretenden desprestigiar a Washington y a Edwin.
Mientras, el gobierno central se hace de la vista gorda, sabiendo, por ejemplo, que el 80% de la madera que sale de Ucayali es de tala ilegal y blanqueo de madera de formales. Funcionarios estatales, regionales, fiscales, gobernadores, muchas autoridades coludidas, como bien lo sabe otra víctima de esta maraña mafiosa, el ex fiscal ambiental José Berrospi (http://goo.gl/C7mePb), que acompañó las denuncias (luego archivadas por otros fiscales) de Edwin Chota contra los mafiosos, lo que le costó el puesto y la reputación que intentan embarrar.
Algo muy grave está dejando pasar este gobierno: Edwin Chota, Washington Bolívar y José Berrospi activaron y procedieron acorde a las instancias institucionales, pacíficas y democráticas: titulación, denuncias, reuniones con ministerios, Defensoría, organismos, etc. ¿El resultado? Edwin está muerto. Berrospi fue despedido. Washington, amenazado de muerte. ¿Y la responsabilidad del Estado de que las instancias institucionales funcionen?
¿Le importa a este gobierno lo que pasa en la selva o solo las preocupaciones de las transnacionales y la empresa privada? ¿Le importa a este gobierno que se acentúe la inseguridad jurídica de los Pueblos Indígenas, que se incube el conflicto social, que vuelva a correr sangre porque no solo son los olvidados del país, sino los ninguneados, los excluidos de los excluidos, los ciudadanos de “segunda clase” (Alan García) hasta que se les manda silenciar? ¿Qué espera Humala, un Bagua II?
http://www.larepublica.pe/columnistas/de-centro-radical/cuando-el-gobierno-macera-un-nuevo-baguazo-21-09-2014
No hay comentarios:
Publicar un comentario