Los incidentes se produjeron cuando agentes antidisturbios fuertemente armados se presentaron al área de conflicto para despejarla y restablecer el tránsito sobre el puente que comunica a Panamá con la provincia de Darién.
Los policías habían dado un plazo de una hora a los manifestantes para el desalojo del puente, pero al ser incumplida la orden arrojaron bombas lacrimógenas. Los manifestantes respondieron con piedras, palos, flechas y lanzas. En el choque hubo heridos.
La protesta se produjo en rechazo de la Ley 8 del 11 de febrero de 2011, que reformó el Código de Recursos Minerales y permite a estados extranjeros invertir en explotaciones mineras en Panamá.
Sin embargo, el presidente Ricardo Martinelli, quien recorrió este viernes una feria en el distrito agrícola de Soná, 296 kilómetros al oeste de la capital panameña, dijo que pese a las protestas no derogará las reformas aprobadas.
Martinelli instó a los indígenas a que "no se dejen engañar por personas que quieren sacar beneficios políticos porque le están haciendo un daño innecesario al país".
Pese a ello, los manifestantes amenazaron con arreciar las movilizaciones para obligar al gobierno a rectificar la política minera y las concesiones a consorcios foráneos, y fallos judiciales que favorecen a empresas causantes de daños al medio ambiente.
El movimiento de resistencia indígena condenó la actitud conciliadora del cacique general de la comarca Nöbe-Buglé, Rogelio Moreno, quien suspendió "hasta segunda orden" las manifestaciones, luego que el viceministro de Trabajo y Desarrollo Laboral, Luis Carles, fue ultrajado durante una protesta.
Por su parte, el socialdemócrata Partido Revolucionario Democrático (PRD) declaró el "firme y categórico rechazo" a la Ley 8, por considerar que afecta intereses nacionales. Asimismo, convocó a la sociedad panameña a "rechazar e impedir que otros estados se apoderen del territorio y las riquezas del país".
El Directorio Nacional del PRD aseveró que las reformas al Código de Recursos Minerales carecen de principios y mecanismos que protejan los recursos naturales de los "dramáticos y devastadores efectos de la actividad minera" y culpó al presidente Martinelli de la situación de zozobra en Panamá.
Samuel Lewis Navarro, ex vicepresidente y ex canciller de Panamá, planteó que "es necesario establecer un diálogo, en el tema minero, porque las situaciones y enfrentamientos que se están dando no resuelven el problema, sino que lo incrementan".
Lewis Navarro dijo que el gobierno y las autoridades de los pueblos originarios "deben sentarse con urgencia a dialogar y buscar una salida negociada a la crisis" desatada por el tema minero.
A su vez, el Partido Popular (antiguo Partido Demócrata Cristiano), condenó las reformas al Código de Recursos Minerales y criticó al gobierno por la falta de consulta a la población, según recoge la agencia DPA.
El Partido Popular advirtió que los daños a la biodiversidad, por la explotación de minas a cielo abierto en bosques tropicales húmedos en Panamá, no son comparables a una mina en el desierto de Atacama, en Chile, o en bosques templados en Canadá.
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